SÁNCHEZ Y LA RUPTURA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA. UN PASO MÁS.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, -ante la ratificación que ha hecho el Tribunal Supremo sobre una sentencia dictada el pasado mes diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que obligaba a su gobierno a impartir al menos el 25% de las enseñanzas en castellano-, ha olvidado que en dicha sentencia se dice, expresamente, que se estaba produciendo una infracción del marco legal vigente y, pese a ello, él no se da por aludido y llama a que esa sentencia no se cumpla. Es decir, se empecina en seguir incumpliendo la ley y llama a la desobediencia desde un Gobierno Autonómico a través de una carta enviada por el Consejero de Educación a los 5.108 colegios públicos catalanes instándoles a que sigan trabajando como hasta ahora, es decir, sin utilizar el castellano en la enseñanza y sin respetar la sentencia.

Grave es el hecho de por sí, pero, desde mi punto de vista, no lo es menos que ese Consejero haya asegurado que tiene “garantías” de la Ministra de Educación de que no se ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo, así como el hecho de que Sánchez no haya dicho “esta boca es mía”, y ello pese a las provocaciones públicas del Presidente catalán y de la oferta de Pablo Casado de darle los votos de los senadores populares para aplicar el artículo 155 de la Constitución en, y solo en, materia educativa y así obligar a un Gobierno autonómico a cumplir las leyes y sentencias del Estado al que pertenece. De no hacerlo así, es decir, si el Gobierno central no obliga a la Generalitat a cumplir una sentencia del Supremo habremos dado un paso más hacia la desintegración de España que se viene produciendo desde que Sánchez ha antepuesto su permanencia al frente del Gobierno a los intereses de España, y pacta para conseguirlo con aquellos partidos que precisamente lo que quieren es su destrucción ejerciendo un continuo chantaje al Gobierno central.

No olvidemos, sin embargo, que la primera responsabilidad del Gobierno y su presidente es cumplir y hacer cumplir la ley y, entre los medios de que dispone está la aplicación del artc. 155 de la Constitución que se puede aplicar cuando un presidente autonómico no cumple las leyes y normas de ámbito nacional, si bien necesita un requerimiento previo y contar con la mayoría absoluta del Senado. De ahí la oferta de Casado.

La verdad es que hemos pasado de las quejas por haber dos partidos mayoritarios que se turnaban en el poder, aunque no de forma pactada ni regular, a un escenario político donde los partidos minoritarios con ideologías populistas, separatistas y justificadores del terrorismo, son los que verdaderamente gobiernan España. Ellos fueron los artífices de la moción de censura y ellos, también, son los que han apoyado -a cambio de un suculento bocado, en detrimento de las demás autonomías- los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y los que, previsible y desgraciadamente lo mantendrán en el poder hasta 2023.

Esta actitud del Gobierno de Sánchez ante la desobediencia catalana crea, desde mi punto de vista, además del peligro de ruptura del país, un verdadero problema de discriminación: si un Gobierno autonómico no cumple una sentencia del Tribunal Supremo ¿por qué ha de cumplirla cualquier ciudadano español? ¿Es que acaso hay dos tipos de españoles: los que mantienen a Sánchez en el poder y los que no tienen posibilidad material de emitir su voto en el Parlamento para hacerlo?

Esta actitud de desobediencia, sin embargo, no es nueva en Cataluña y todos los Gobiernos de todos los colores han hecho “la vista gorda” ante el incumplimiento de

ciertas normas, pero lo que es totalmente nuevo y mucho más grave es que ya no se trata de un acuerdo entre gobiernos, sino de una sentencia judicial dictada por el más alto tribunal del Estado. Se añade, además, que esta desobediencia la plantean con una arrogancia inusitada y lo hacen porque saben y conocen la debilidad del Gobierno central derivada, básicamente, de la prioridad que Sánchez da a su permanencia en la Moncloa, prioridad que le hace sacrificar cualquier cosa con tal de conseguirlo y porque, además, satisface a su socio de gobierno Podemos que está muy interesado en la destrucción de la cohesión y la unidad nacional.

Mucho me temo, sin embargo, que el asunto va a traer mucha cola pese a los artilugios legales que utiliza la Generalitat como, por ejemplo, que la ley de Educación Celaá (LOMLOE), no se determinan porcentajes de las lenguas cooficiales, olvidando que el recurso que da pie a la actual sentencia del Supremo fue interpuesto por la Abogacía del Estado cuando estaba vigente la ley Wert y no la de Celaá. Por no hablar de las acciones que pueda tomar la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que es una asociación civil, y que ya tiene previsto acogerse al artículo 104 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que “transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa”. Por no hablar de que el ordenamiento jurídico español permite imponer multas coercitivas a quienes, debidamente requeridos, se nieguen a ejecutar un fallo judicial. Por ello una negativa reiterada obligaría al TSJC a recabar de los tribunales penales testimonios por desobediencia, delito que está castigado con multa e inhabilitación.

Sánchez no puede seguir sin darse por enterado de esta sentencia del Tribunal Supremo y consentir el tono desafiante del Gobierno autonómico, ni puede abdicar tampoco de su responsabilidad. Con esta actitud los independentistas se crecen, mientras los constitucionalistas se hacen más débiles si no les hacen frente con los instrumentos que le da la ley.

Si ya fue un paso muy fuerte, en lo que hace a la desintegración de España, el hecho de decir ante la Comisión de Peticiones de la UE que el Gobierno central no tenía competencias para garantizar el derecho a estudiar en castellano, olvidando el papel que la Alta Inspección tiene en lo referente a Educación y, por tanto, en lo que al castellano como lengua común se refiere, esperemos y deseemos que Sánchez no se rinda una vez más al independentismo a cambio de mantenerlo a él en el poder aunque con ello España se desintegre.

Juan Antonio Callejas Cano

Diputado nacional por Ciudad Real

Grupo Parlamentario Popular

Portavoz del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real

@jacallejascan