Por ser irrespetuoso con la Institución del Estado
Según denunció Ajenjo, hasta por dos veces ha amonestado el Defensor del Pueblo al alcalde de Alcázar para que atienda una de sus sugerencias
Este es un ejemplo más de lo irrespetuosos que resultan Bódalo y su equipo de gobierno con las Instituciones del Estado
25.03.10.- El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Javier Fernández Ajenjo, informó a los medios de comunicación del fuerte “tirón de orejas” que ha propinado el Defensor del Pueblo a José Fernando Sánchez Bódalo, alcalde de Alcázar de San Juan, sin que por parte del equipo de gobierno alcazareño se haya hecho referencia alguna a este traspié.
Según denunció Ajenjo, hasta por dos veces ha amonestado el Defensor del Pueblo al alcalde de Alcázar para que atienda una de sus sugerencias
Este es un ejemplo más de lo irrespetuosos que resultan Bódalo y su equipo de gobierno con las Instituciones del Estado
25.03.10.- El Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Javier Fernández Ajenjo, informó a los medios de comunicación del fuerte “tirón de orejas” que ha propinado el Defensor del Pueblo a José Fernando Sánchez Bódalo, alcalde de Alcázar de San Juan, sin que por parte del equipo de gobierno alcazareño se haya hecho referencia alguna a este traspié.
Los hechos se remontan al año 2009 cuando el defensor del Pueblo,
Enrique Múgica Herzog se hizo eco de la queja recibida por una ciudadana
alcazareña que consideró que el Ayuntamiento le había cobrado
indebidamente el impuesto sobre el incremento de valor los terrenos de
naturaleza urbana (IIVTNU) lo que comúnmente se conoce por “Plusvalías”.
Según manifestó el portavoz popular, que ha tenido conocimiento de este asunto en el seno de la Comisión de Hacienda y Régimen Interior, el Defensor del Pueblo envió en febrero de 2009 una resolución que contenía una sugerencia favorable a la ciudadana en el sentido de “que se anulen las liquidaciones practicadas en el expediente de referencia y se proceda a la devolución de los ingresos indebidamente realizados con los correspondientes intereses legales”, cuya aplicación el Ayuntamiento ignoró.
Continuaba informando Ajenjo, que la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, recoge en su artículo 30.1 que a las sugerencias formuladas por la Institución, en todo caso las autoridades y funcionarios deben responder por escrito en un plazo no superior a un mes, precepto que Sánchez Bódalo no cumplió.
Precisamente en aplicación del artículo 30.2 de la misma Ley, el Defensor del Pueblo envió en octubre de 2009 una segunda misiva, recriminando la actitud pasiva del ayuntamiento alcazareño y requiriendo nuevamente el informe preceptivo sobre la aceptación o no de la sugerencia emitida, lo que significa que propinó un severo “tirón de orejas” al primer edil alcazareño por la dejadez de nuestro gobernante local.
Los populares alcazareños entienden que en caso de no cumplirse la obligación que desde el Consistorio se tiene para con esta Institución del Estado, nuestro Ayuntamiento puede verse penado con la inclusión de este hecho negativo en el informe anual que emite el Defensor del Pueblo sobre las autoridades que han incumplido sus sugerencias, lo que a juicio de Fernández Ajenjo “haría un flaco favor al prestigio de la ciudad de Alcázar de San Juan”.
Según manifestó el portavoz popular, que ha tenido conocimiento de este asunto en el seno de la Comisión de Hacienda y Régimen Interior, el Defensor del Pueblo envió en febrero de 2009 una resolución que contenía una sugerencia favorable a la ciudadana en el sentido de “que se anulen las liquidaciones practicadas en el expediente de referencia y se proceda a la devolución de los ingresos indebidamente realizados con los correspondientes intereses legales”, cuya aplicación el Ayuntamiento ignoró.
Continuaba informando Ajenjo, que la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, recoge en su artículo 30.1 que a las sugerencias formuladas por la Institución, en todo caso las autoridades y funcionarios deben responder por escrito en un plazo no superior a un mes, precepto que Sánchez Bódalo no cumplió.
Precisamente en aplicación del artículo 30.2 de la misma Ley, el Defensor del Pueblo envió en octubre de 2009 una segunda misiva, recriminando la actitud pasiva del ayuntamiento alcazareño y requiriendo nuevamente el informe preceptivo sobre la aceptación o no de la sugerencia emitida, lo que significa que propinó un severo “tirón de orejas” al primer edil alcazareño por la dejadez de nuestro gobernante local.
Los populares alcazareños entienden que en caso de no cumplirse la obligación que desde el Consistorio se tiene para con esta Institución del Estado, nuestro Ayuntamiento puede verse penado con la inclusión de este hecho negativo en el informe anual que emite el Defensor del Pueblo sobre las autoridades que han incumplido sus sugerencias, lo que a juicio de Fernández Ajenjo “haría un flaco favor al prestigio de la ciudad de Alcázar de San Juan”.
Los populares quieren remarcar y criticar que transcurrieran más de 8 meses sin que la alcaldía alcazareña contestase a la sugerencia recibida desde la institución estatal, superando ampliamente el plazo máximo asignado de un mes y que ahora, a últimos de enero de 2010, por fin se haya contestado al Defensor del Pueblo con casi un año de retraso.
Ajenjo considera que ésta es una muestra más de la irrespetuosidad con que Bódalo y su equipo de gobierno tratan, no sólo a los propios ciudadanos sino también a las más altas Instituciones del Estado. Sin embrago, finalizaba diciendo Fernández Ajenjo, no hemos escuchado por parte del alcalde ni una disculpa por su pasotismo, tampoco hemos oído siquiera una sola referencia informativa a este suceso que ha sido vergonzosamente silenciado por el equipo de gobierno y del que la oposición ha tenido que enterarse gracias a su trabajo de investigación y control.
