El Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad de la Ley de Cámara de Cuentas
· El diputado del GPP, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que resucitar la Sindicatura de Cuentas nos va a costar más de 1.600.000 euros al año y que no es necesario este órgano porque sus funciones ya las realiza el Tribunal de Cuentas y ese dinero se puede dedicar a otras prioridades y necesidades de los ciudadanos
· Advierte que Castilla-La Mancha podría incurrir en inconstitucionalidad por vulnerar el artículo 136 de la Constitución al inmiscuirse en las competencias del Estado que designa al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado
· Recuerda que cuando el PP cuando llegó al gobierno regional en 2011 eliminó la Sindicatura de Cuentas entre otros organismos públicos porque Castilla-La Mancha estaba en bancarrota e intervenida por el Ministerio de Hacienda, y había que reducir el gasto público para evitar la ruina total y poder pagar las facturas
14 de octubre de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha presentado en el Pleno del Parlamento Autonómico una enmienda a la totalidad de los populares al proyecto de Ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha porque considera que “esta resurrección de la antigua Sindicatura de Cuentas es un gasto innecesario y que su función ya la realiza el Tribunal de Cuentas”.
Rodríguez ha afirmado que el Grupo Popular se opone a “la resurrección de la Sindicatura de Cuentas que pretende llevar a cabo el Gobierno de Page porque ya hay un órgano nacional, el Tribunal de Cuentas, que hace lo mismo, y lo único que servirá es para colocar a amigos del PSOE y generar un gasto de más de 1.600.000 euros al año que se puede dedicar a otras prioridades y no es una necesidad para los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.
En su intervención en el Pleno de las Cortes, el parlamentario regional ha recordado que “cuando el PP llegó al Gobierno Regional en 2011, decidió eliminar la Sindicatura de Cuentas entre otros organismos públicos, porque se encontró una región en bancarrota, en quiebra total, intervenida por el Ministerio de Hacienda, la única región de España, que no podía acudir a préstamos financieros, que no pagaba a proveedores y con una deuda de 6.267 millones de euros, un déficit del 6,4%, con 168.000 facturas sin pagar a proveedores por un importe de más de 2,8 millones de euros , con 381.000 euros en subvenciones concedidas para las que no había presupuesto y sin pagar más de 160 millones de euros a los dependientes”, un panorama , ha contextualizado, “ante el que se tuvieron que tomar decisiones como cerrar aquellos organismos públicos que tuvieran un equivalente estatal en cuanto a funciones y competencias, como es el caso de la Sindicatura de Cuentas, para reducir el gasto público, en este caso y con la supresión de este organismo, 1.600.000 euros al año que era lo que costaba en aquel momento y poder pagar así las nóminas de los funcionarios y a proveedores”.
Además Miguel Ángel Rodríguez ha justificado la enmienda a la totalidad de los populares al proyecto de Ley de Cámara de Cuentas, en que “desde la supresión de la antigua Sindicatura de Cuentas hasta el momento, ha sido el Tribunal de Cuentas quien ha venido desarrollando la función de fiscalización del sector público en Castilla-La Mancha y por parte del ejecutivo y de su grupo parlamentario en muchas ocasiones se ha expresado la plena eficacia, respeto y satisfacción con la labor desarrollada por el Tribunal de Cuentas durante estos años “.
El parlamentario popular ha advertido igualmente, y es la segunda causa de rechazo al texto por parte de los populares, “que se podría incurrir en inconstitucionalidad de la futura norma por vulneración del artículo 136 de la Constitución, al inmiscuirse en las competencias del Estado, que designa al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y del sector público “.
Por último, Miguel Ángel Rodríguez, ha denunciado “ que el articulado propuesto por el Gobierno Regional adolece de una clara falta de imparcialidad y propugna una institución en la que impone un presidente dotado de amplísimas funciones ejercidas de forma unipersonal , al que se le rebaja la cualificación personal y experiencia profesional “,”aspectos, ha afirmado, que denotan claramente que nos encontramos ante un nombramiento futuro de alguien con un marcado perfil político y cuyo único y más posible mérito sea exclusivamente gozar del favor y la confianza del ejecutivo al que se supone debe controlar”.
