Fúnez y Belda impulsan una batería de iniciativas parlamentarias sobre espacios naturales de titularidad estatal en la provincia

• Señalan que los “mal llamados” gobiernos progresistas están consagrando una serie de políticas de “trazo grueso y aplicación carente de ponderaciones” que impone principios genéricos de conservación y explotación a parajes naturales de muy distinta índole
• Apuntan que este “despropósito” es también denunciado por colectivos de todo tipo, expertos en la materia y personal científico, que insisten, cada poco tiempo, en una reconsideración de la labor de los responsables de medioambiente y transición ecológica

25 de septiembre de 2024.- Los diputados del Partido Popular, Carmen Fúnez y Enrique Belda, en línea con muchos cargos locales de su partido en las zonas afectadas, y especialmente con el senador y alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, se han pronunciado públicamente, en el año transcurrido de Legislatura, sobre la preocupación que en la provincia de Ciudad Real generan algunos aspectos de la gestión de los parques nacionales de Cabañeros y de las Tablas de Daimiel: “toda la ciudadanía conoce sobradamente el deterioro que sufren en ciertos extremos como el del control del equilibrio de la fauna”, han asegurado.

“Igual que nuestro partido ha denunciado, a nivel de titularidad autonómica, la necesidad de controlar determinadas poblaciones (singularmente los conejos), procede ahora dar voz a los miles de personas que, en los entornos de los parques de titularidad estatal, claman por una solución a corto y medio plazo que conjure el proceso de desnaturalización de los parajes y la degradación de su entorno”, afirman.

Señalan que los “mal llamados” gobiernos progresistas están consagrando una serie de políticas de “trazo grueso y aplicación carente de ponderaciones”, que impone principios genéricos de conservación y explotación a parajes naturales de muy distinta índole y ubicados en entornos geográficos divergentes. También apuntan como seña de identidad de estos gobiernos la de proscribir cualquier explotación de carácter tradicional, como la caza misma, sin reparar en la necesidad de acudir (en su caso) a determinadas actividades concurrentes, de manera controlada, con la única finalidad de reequilibrar el medio sobre el que se actúa. Lamentan que en esta “cerrazón” se evita, por completo y por añadidura, reparar en las consecuencias sociales y económicas en los municipios del entorno de estos espacios protegidos.

“Tal despropósito no ha llegado solo desde nuestra denuncia y labor, colectivos de todo tipo, expertos en la materia y personal científico, insisten cada poco tiempo en una reconsideración de la labor de los responsables de medio ambiente y transición ecológica”.

Ponen los diputados “populares” como último y relevante ejemplo el reportaje de “El Confidencial”, de días pasados, que da a conocer a nivel internacional el desatino que supone tolerar el crecimiento indiscriminado de jabalíes por la prohibición de caza comercial y deportiva desde el año 2020: “la interdicción, más que dudosa cuando se impone con carácter general, por populismo o demagogia, y sin diferenciar qué parque nacional debería estar excepcionado, tampoco se ha acompañado de medidas alternativas”. Señalan que el Parque de Cabañeros es un buen ejemplo donde la inacción es la tónica del Gobierno en asuntos que requieren un mínimo análisis y discriminación por sus circunstancias: “La asociación de afectados por este parque califica directamente la gestión de negligente, la población de ciervos se ha multiplicado por 2,35 y la de jabalíes por 2,74, y este exceso de animales degrada árboles, suelo y vegetación”, denuncian con datos de la propia administración.

Alertan que en el parque nacional de Las Tablas de Daimiel la situación no es mejor. Así, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC/UCLM) ha trasladado pruebas realizadas para comprobar la acción dañina sobre las especies autóctonas, señalando también al jabalí como principal depredador, seguido del zorro. La ciencia sigue valorando los efectos de la gestión en la biodiversidad, en el entorno (incluso en la seguridad vial) y en la salud pública (enfermedades procedentes de animales).

Insisten, remitiéndose a las publicaciones recientes en medios, en que “los desajustes en estos parques, muy en especial en Cabañeros, provocan ya alarma social en el entorno que disfruta y vive de ellos. La vegetación no resiste un incremento de piezas de caza como los ciervos, que deberían estar en veinte cabezas por cada cien hectáreas y hay más de cuarenta contabilizados de media”.

Han finalizado denunciando que “el Gobierno, hasta el momento, no procede a estudiar soluciones de acuerdo con la doctrina científica ni a implementar medidas de contención antes que sea demasiado tarde, sin utilizar, una vez más, la asociación de la actividad de la caza con un ataque a la naturaleza”.