Fúnez y Belda registran quince preguntas para retomar el incumplimiento de MAYASA-SEPI con nuestra tierra
2 de octubre de 2024. La diputada y el diputado del Partido Popular por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, establecieron un calendario de trabajo semanal con la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, y su equipo de Gobierno local, en base al cual asumir sus labores representativas. Los medios provinciales de comunicación vienen dando cuenta de estos trabajos, informando de una reunión de evaluación en el Congreso el pasado mes de septiembre, con la asistencia del máximo responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo. Ahora terminan de promover, junto con la alcaldesa, una serie de iniciativas parlamentarias que se centran en múltiples temas que reflejan la desidia del Ministerio de Hacienda y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), de la que forma parte la empresa pública Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA).
Explican los diputados que el Ayuntamiento de Almadén y la empresa pública de la SEPI, MAYASA, suscribieron en 2005 un convenio tras el cese de la actividad vinculada a la explotación de las minas de mercurio de Almadén (2003). Ya en el año 2002 se firmó un Plan de Empresa entre Minas de Almadén y los agentes sociales en el cual se contemplaba la firma del mismo entre SEPI-Minas de Almadén (MAYASA) y el Ayuntamiento. “El fin era paliar la pérdida de los casi doscientos puestos de trabajo que supondría el cese de esa actividad, que como sabemos había sido el sustento económico principal (y casi exclusivo) de la localidad y su zona de influencia”, recuerdan. No fue hasta octubre de 2005 cuando ese convenio fue firmado por ambas partes. “Han pasado casi veinte años y del contenido del mismo apenas se ha materializado algún extremo eficiente. Por ello, entre otros extremos hemos preguntado al Gobierno por su voluntad de cumplirlo de una vez”, señalan.
Apuntan que otro incumplimiento gubernamental para con los ciudadanos de Almadén y su comarca, es el relativo a la planta de mercurio, sobre el que también se han realizado varias preguntas. D. Fernando Murillo, expresidente de MAYASA, anunciaba en mayo de 2016 que la construcción de la Planta de Estabilización del Mercurio marchaba a buen ritmo, y que su puesta en funcionamiento estaba prevista para el segundo semestre de 2017. Con una inversión inicial de tres millones de euros, más otro millón tras el accidente sufrido por un reactor, es decir sumando una previsión presupuestaria de cuatro millones de euros, la planta no llegó a funcionar nunca, pues a finales de 2023 cuando por fin se habían subsanado todas las deficiencias, se dio la orden desde la SEPI de que no se pusiera en funcionamiento. “Según respuesta ante una pregunta previa planteada por el Grupo Parlamentario Popular en la pasada XIV Legislatura Constitucional, el mercurio operable en Almadén fue llevado a Suiza para someterlo a un primer tratamiento. Esta licitación supuso una inversión de otro millón y medio de euros aproximadamente, a sumar a los cuatro anteriores. Es decir, la fallida inversión ha supuesto el despilfarro de cerca de cinco millones y medio de euros”, denuncian. “Tal despropósito causa en la ciudadanía una indignación muy marcada, pues semejante desembolso de fondos públicos contrasta con el incumplimiento del convenio suscrito hace casi veinte años entre SEPI-MAYASA y el Ayuntamiento de Almadén, para encauzar un itinerario de regeneración de la localidad y la comarca tras la desaparición de las explotaciones mineras a principios de este siglo, que no ha recibido consignación presupuestaria destacable. La agonía de toda la zona en lo económico y poblacional no se ataja ni se vislumbra solución alguna mientras que el Gobierno continúe instalado en su desidia”, han asegurado.
Otras salidas: Dehesa Castilseras y nuevas explotaciones
Continúan los diputados “populares” explicando que la Dehesa de Castilseras, finca de unas nueve mil hectáreas, fue cedida al erario español por la Orden de Calatrava en el año 1780 para anexarla al término de Almadén y que, de esta forma, se estableciesen nuevos habitantes en la localidad, aumentando la mano de obra para así incrementar la producción de mercurio de las minas. De todos es sabida la importancia que este metal tenía para la extracción del oro y la plata de América. Tras la entrada de España en la Comunidad Europea, la finca pasó a formar parte de los activos de MAYASA y, posteriormente, en el año 2000, MAYASA pasó a la SEPI. Actualmente, los puestos de trabajo que genera esta finca no llegan a dos docenas de personas, siendo su repercusión económica en las poblaciones en cuyo término está enclavada meramente testimonial. “Una finca de estas características debería servir de revulsivo económico para la zona, tal y conforme fuera concebida y prevista”, opinan.
Recuerdan que en estos años, varios inversores se han interesado en la implantación de proyectos en suelo de esta finca, “pero nos consta que no han tenido el apoyo necesario. Estamos hablando, por ejemplo, de proyectos relacionados con la industria agroalimentaria que serían de gran importancia para paliar la pérdida de puestos de trabajo sufrida por el cierre de la minería y la precaria economía de los ayuntamientos de la zona”, trasladan.
En este sentido, señalan que también se ha planteado la instalación de parques fotovoltaicos, algo que resultaría imposible (por el momento) al no disponer de punto de evacuación para la energía generada, todo ello a pesar de pasar por la finca una línea de alta tensión.
Han finalizado afirmando que todas estas situaciones valen de muestra para poner de manifiesto la carencia de compromiso de los responsables políticos de esta empresa pública.
