* Destacó en su intervención que los funcionarios no deben temer al PP sino al PSOE, que fue el que les redujo los salarios
11. abril. 2012.- El diputado nacional y portavoz adjunto de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, José Alberto Martín-Toledano, defendió ayer en la Cámara Baja la reforma laboral planteada por el Gobierno y alegó que “no tiene sentido” plantear su retirada cuando está aún abierta a la tramitación, instando así al PSOE a utilizar el cauce de la presentación de enmiendas para debatir este tema.
Martín-Toledano apuntó ante las críticas vertidas por el Partido Socialista que tanta insistencia sólo pretende “generar desconfianza en los empleados públicos”. Es por eso por lo que recalcó que “el Grupo Popular y el Gobierno reconocen la valía de la función pública española y de los empleados públicos” lo que, a su juicio, es “perfectamente compatible con tomar medidas para mejorar su eficacia”. “La reforma laboral es una oportunidad de ajustar las plantillas de las administraciones públicas pero no se obliga a ninguna a despedir”, añadió.
Asimismo, el diputado nacional apuntó que “los funcionarios no tienen que tener miedo del Gobierno del Partido Popular puesto que fue el PSOE el que les redujo el sueldo y el que generó desconfianza entre los funcionarios metiendo a dedo a amigos y simpatizantes de su partido”.
Por otro lado, Martín-Toledano reprochó al Grupo Socialista que el modelo de Administración Pública del PSOE sea el de “ocupación de los entes que gobierna con trabajadores designados a dedo de su propia ideología”. Un ejemplo de ello es la práctica de la Junta de Andalucía, que recientemente aprobó un decreto para hacer fijos a 20.000 laborales contratados en fraude de ley y sobre el que el Tribunal de Justicia de
Andalucía ha dictado resolución paralizándolo por vulneración de los principios constitucionales.
Por último, en su intervención en el Congreso de los Diputados, Martín-Toledano explicó que el Partido Popular propone un modelo de Administración Pública con competencias bien definidas, que evita las duplicidades y que vela por la estabilidad presupuestaria. Se propone, por lo tanto, un modelo de eficiencia técnica y económica, ya que esa es la única garantía para la prestación de servicios públicos de calidad.
