Faltan por pagar 26,1 millones de euros que supondría el incremento de la factura del agua en 36,7 euros anuales

El Partido Popular pide al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano que inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que contribuya en el pago de las obras del Ciclo Integral del Agua, que el Consistorio “ahorre”, o que “busque otras fórmulas” para hacerlo, de manera que no repercuta en los bolsillos de los ciudadanos ni a través de impuestos directos, ni vía tarifa.

Una tarifa que, según ha explicado la concejal del PP María Antonia Berlanga Antón, supondría el incremento de la factura del agua en 36,7 euros anuales por contador que saldría de los bolsillos de 28.557 abonados durante 25 años, plazo que se ha dado para poder abonar los 21,6 millones de euros, a los que hay que sumar el IVA, que supone otros 4,5 millones de euros más, siendo en su totalidad el coste que resta por pagar 26,1 millones de euros para la ciudad de Puertollano.

Además, ha recordado que ya en el año 2006 el PP se abstuvo al estar “en parte en desacuerdo con estas obras, porque nos faltaba información y pensamos que el montante económico debía haber sido menos”, ya que se tuvo en cuenta un “crecimiento poblacional exagerado” de la ciudad y “una industria floreciente” que no se produjo finalmente.

En este sentido, la concejal ha mantenido que el equipo de Gobierno “nos tiene acostumbrados a estos sustos cada cierto tiempo”, atendiendo a los pagos a los que tiene que hacer frente, y a los que se añaden los del Ciclo Integral del Agua, como son: una indemnización de siete millones de euros por la expropiación de los terrenos frente al Cementerio, otros siete millones por el proyecto del cinturón verde no terminado, una indemnización de 1.364.000 millones de euros por los terrenos expropiados en el Abulagar, 2.270.000 millones de euros por las obras de permeabilización del Carmen y Las Mercedes y 1.132.000 millones de euros por las facturas del Grupo Sur, respeto a lo que Berlanga ha aclarado que “el PP no se niega al pago, pero queremos paralizarlo hasta que se nos den las explicaciones oportunas”, ya que dudan de la legalidad del IVA que se aplica.

En definitiva, unos gastos para el PP que vienen dados por “gestiones de dudosa eficiencia y de las que nadie asume responsabilidades”, y que repercute en los ciudadanos “de una u otra forma”.