Grupo Municipal Popular
17, noviembre, 2016.- En relación a las últimas noticias aparecidas en relación al “caso de las subvenciones”, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real quiere aclarar lo siguiente:
1. Que el Grupo Municipal Popular en ningún momento entra a valorar la idoneidad o no de los proyectos seleccionados en la convocatoria pública de subvenciones para asociaciones de ámbito social. Queremos dejar claro que no estamos presentes en la comisión de valoración de los proyectos.
2. Que el Grupo Municipal Popular lo único que ha hecho es dar a conocer a la opinión pública lo que es un hecho cierto: que la Fundación Secretariado Gitano ha recibido en los dos últimos meses más de 8.000 euros de dinero público por distintos conceptos y desde dos departamentos municipales distintos.
3. Que tanto la propia entidad subvencionada, como la página web oficial del Ayuntamiento, reconocen que la concejal de Acción Social, Matilde Hinojosa, ha estado vinculada a la citada fundación hasta el mes de junio del año 2015, como coordinadora provincial. La Fundación Secretariado Gitano añade en un comunicado que en la actualidad esta persona se encuentra en excedencia, por lo que sigue vinculada a la fundación, aunque su contrato esté “en suspenso” temporalmente.
4. Que lo que el Grupo Municipal Popular sí denuncia públicamente es que hay una ley que impide a los cargos públicos participar en actos administrativos, y la concesión de subvenciones es un acto administrativo, si en esos actos están incluidas entidades con las que dichos cargos hayan tenido cualquier vinculación profesional en los últimos dos años.
Por tanto, el Grupo Municipal Popular exige a la edil de Acción Social, Matilde Hinojosa, y a la propia alcaldesa Pilar Zamora, que, sin más dilación, y sin parapetarse en la fundación, aclaren por qué participó en este acto administrativo de concesión de subvenciones a la Fundación Secretariado Gitano pese a su más que evidente vinculación.
Queda acreditado que la edil de Acción Social ha vulnerado la “Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”, que en su artículo 23 es taxativa a la hora de señalar las causas en las que una autoridad pública se tiene que abstener de participar por tener un interés directo, y como el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento, sobre todo en un cargo público, pedimos la dimisión o el cese inminente de la concejal de Acción Social por vulnerar flagrantemente la legalidad.
