De consumarse este proceso, costará más de tres millones de euros de indemnizaciones que pagarán los vecinos de los pueblos consorciados

· La propuesta del PP es conseguir un gran acuerdo que permita la consolidación de toda la plantilla sin exclusiones

· CC.OO en el SCIS busca a toda costa favorecer el despido de parte de la plantilla de bomberos del consorcio

· El Partido Popular comparte totalmente la opinión de la Abogacía del Estado de que las resoluciones judiciales deben cumplirse respetando la legalidad vigente en cada momento.

16, enero, 2017.- El Partido Popular considera que la política de personal en el Consorcio contra Incendios (SCIS) “es un despropósito legal y social”.

La propuesta del PP ante este grave conflicto es conseguir un gran acuerdo político y sindical que permita la consolidación de toda la plantilla sin exclusiones, y así lo ha hecho saber recientemente el diputado nacional del PP José Alberto Martín-Toledano.

En el Consorcio no sobra ningún bombero, grandes profesionales con gran experiencia. Una vez consolidada la plantilla y cuando la ley lo permita, se debe acometer con urgencia una ampliación de la misma para rejuvenecerla y mejorar el servicio.

La posición de los dirigentes de la central sindical de CC.OO en el Consorcio SCIS es insólita e impropia de una organización de defensa de los trabajadores. El enfrentamiento que están provocando estos dirigentes sindicales pone en peligro la situación laboral de toda la plantilla y no sólo de los 37 afectados por la OEP 2015, es una irresponsabilidad para con sus propios afiliados a los que ponen en grave riesgo.

CC.OO sabe que la práctica totalidad de la plantilla de bomberos del consorcio dependiente de la Diputación Provincial fueron contratados temporalmente en el mismo y se mantuvieron en sus puestos de trabajo en fraude de ley, convirtiéndose, por tanto, en trabajadores indefinidos no fijos.

Sin embargo, mediante un procedimiento irregular que está sujeto a reclamación judicial y administrativa, 113 bomberos fueron considerados presupuestariamente fijos, sin proceso legal de consolidación de empleo de ningún tipo, en un evidente ejemplo de lo que podría ser considerado fraude de ley.

En este proceso irregular se dejó fuera a 37 bomberos de forma intencionada, curiosamente, los que estaban afiliados a otra central sindical.

Lo que se debería haber realizado es un proceso pactado de regularización de todos los indefinidos conforme a lo previsto en el convenio colectivo del SCIS y utilizando los sistemas legales establecidos.

El Convenio Colectivo del Consorcio, SCIS, establece la obligación del mismo de acometer un proceso de consolidación de los empleos indefinidos para convertirlos en fijos mediante el procedimiento regulado legalmente en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por ello, el Consorcio aprobó por unanimidad una oferta de empleo público para estos 37 bomberos y un administrativo, se pretendía mediante un proceso de consolidación de empleo regularizar su situación.

Sorprendentemente, en una decisión sin precedentes en el ámbito sindical, CC.OO recurrió la oferta de empleo público para que no pudiera producirse la consolidación laboral de sus compañeros de trabajo.

El TSJCLM anuló en segunda instancia la oferta de empleo público del SCIS, exclusivamente porque en el expediente de aprobación de la misma no se motivó la elección del sistema de regularización de empleo, es decir por un defecto formal.

Es por ello que en cumplimiento de la sentencia -a la que siempre los representantes del Partido Popular se han mostrado favorables- el SCIS también por unanimidad aprobó en 2015 una nueva oferta de empleo público en la que se excluía definir el sistema de acceso a los puestos de trabajo y que fue ratificada judicialmente.

Pero ello no debe ocultar que, desde hace años, existen restricciones en los Presupuestos Generales del Estado para la contratación de personal al servicio de las administraciones públicas y en concreto esta oferta de empleo del SCIS aprobada en el 2015 y publicada en el 2016 debe respetar las limitaciones legales, la tasa de reposición de efectivos y los requisitos establecidos para ser aprobada en las Leyes de PGE del 2015 y 2016.

El Partido Popular comparte totalmente la opinión de la Abogacía del Estado de que las resoluciones judiciales deben cumplirse respetando la legalidad vigente en cada momento y por ello solicitamos se respete lo reflejado en el informe de éste. Además, se pregunta si también achaca CC.OO al Abogado del Estado ignorancia, mala fe e intento de obstrucción a la justicia.

Los representantes de numerosos ayuntamientos en la Asamblea del SCIS votaron contra dos borradores de bases para cubrir las plazas incluidas en la OEP del 2015, por evidentes y graves defectos en el procedimiento de aprobación, en el contenido de los temarios impropio para plazas de bomberos y por no solicitarse al Ministerio de Hacienda y Función Pública la autorización que establece la ley como obligatoria. Las prisas del Presidente del SCIS y de CC.OO les llevan a cometer numerosos errores en el proceso.

Pero lo que produce un bochorno insoportable es la intención declarada de los dirigentes de CC.OO en el SCIS de conseguir que las bases de la oferta de empleo del consorcio no sólo no respetaran el convenio colectivo de esta institución, que apostaba por la consolidación del empleo, sino que han luchado activamente y han conseguido que el sistema para la contratación fuera el de oposición libre y con ello que sus 37 compañeros bomberos no puedan tener puntos por experiencia y años de servicio prestados.

Vuelven a sorprendernos, CCOO en el SCIS, busca a toda costa favorecer el despido de parte de la plantilla de bomberos del consorcio.

Ante todo un proceso lleno de irregularidades, de mala fe social, que ha dividido institucionalmente y laboralmente al Consorcio, que está produciendo daños evidentes a la calidad de un servicio esencial para la seguridad de los ciudadanos y que provocará indemnizaciones de varios millones de euros, es por lo que el Partido Popular ha pedido volver al consenso y al diálogo roto por Julián Nieva.

Por desgracia, esta propuesta bien intencionada ha recibido una oleada de sectarismo político y ante ello solo podemos recurrir a los instrumentos legales para corregir tanto despropósito que está situando al Consorcio al borde de la ruptura total.