Martín-Toledano denuncia, en rueda de prensa, que los pueblos que se han quedado fuera pagarán su cuota pero no tendrán ni voz ni voto

· Martín-Toledano: “Los ayuntamientos gobernados por el PP queremos volver al consenso, a la negociación y al acuerdo que históricamente presidieron la gestión del SCIS”

· Nueva sentencia condenatoria contra el SCIS: De los cuatro procedimientos judiciales iniciados por los ayuntamientos del PP, en tres se ha condenado al consorcio y en otro, se está pendiente de apelación

20 de septiembre 2019 La mayoría socialista en el SCIS dio, ayer, en la asamblea del Consorcio, un paso más en su intención de imponer una modificación de los estatutos que deja sin representación en los órganos de gobierno a 15 de los 25 miembros del Consorcio.

El representante de los municipios del PP en el SCIS, José Alberto Martín-Toledano, ha señalado, en rueda de prensa, que la tramitación de la citada reforma se está acometiendo con graves defectos formales que son en sí mismos vicios de nulidad.

Se pretende, según ha indicado, la vía de urgencia sin la necesaria justificación, se toman acuerdos que no figuran en el orden del día y se quiere obviar la necesaria e imprescindible aprobación de la modificación estatutaria por todos los plenos municipales de los ayuntamientos consorciados, tal y como establece el artículo 13.g y la disposición transitoria 3ª de los vigentes estatutos.

La “intencionalidad política de silenciar a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular” se aprecia, en su opinión, en la nula voluntad de consensuar o negociar esta reforma estatutaria y en el hecho de imponer una sola modificación, cuando la legalidad vigente obligaba a una veintena de importantes reformas.

No se entiende, según ha manifestado Martín-Toledano, la urgencia ni la improvisación de esta reforma cuando desde hace cinco años es obligatoria la adaptación de los estatutos a todas las modificaciones legales introducidas en los años 2013 y 2014. Además, considera que indigna que solo se realice una de ellas y mediante una interpretación que limita los derechos constitucionales de gran parte de los ayuntamientos consorciados, en su representación y participación política en los órganos de gobierno.

Al hilo de esta cuestión, Martín-Toledano ha apuntado que la falta de diálogo, la ruptura del consenso fundacional que siempre ha regido el funcionamiento del SCIS hasta la llegada a la presidencia de Nieva y la forma irregular de la toma de decisiones ha llevado a que los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular a interponer cuatro recursos contenciosos administrativos. En tres de ellos, se ha fallado a favor del PP y en otro se está pendiente de apelación.

Además, ha afirmado que las irregularidades que ha denunciado el PP en la gestión socialista del SCIS ha provocado que los Tribunales de Justicia hayan anulado ante la Cuenta General del 2016, el Presupuesto, la Plantilla de Personal y sus Bases de Ejecución del ejercicio 2017 y que se condenara al presidente a convocar una asamblea extraordinaria que había solicitado el PP y a la que Nieva se negó, lo que supuso la vulneración de derechos fundamentales de los ayuntamientos solicitantes.

“Nuestra pretensión ha sido siempre recuperar el consenso, la negociación y el acuerdo que históricamente presidió la gestión del SCIS, queremos dar estabilidad a la plantilla de trabajadores, creemos que las múltiples vacantes en los puestos de trabajo de la plantilla deben ser cubiertas por los trabajadores indefinidos con más de veinte años de experiencia y que sin embargo han sido despedidos, queremos mejorar los medios materiales, en parte obsoletos, con los que trabajan nuestros bomberos, en definitiva queremos los mejor para un servicio esencial en la seguridad de nuestros vecinos”, ha aseverado.

Esta necesidad se ha acreditado, según Martín-Toledano, en las recientes inundaciones en la capital, faltan bomberos y faltan medios modernos, y así lo han denunciado los trabajadores.

“Creemos posible volver al consenso y evitar que muchos ayuntamientos se vean obligados a pedir a la Diputación que asuma sus competencias plenas en materia de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de veinte mil habitantes. Nadie puede ser obligado a pagar por la prestación de un servicio que no le corresponde y al mismo tiempo se vea privado de tener voz y voto en los órganos de representación y gobierno del consorcio que presta el mismo”, ha concluido.