SCIS Ciudad Real

· La ilegalidad aumenta en el pago de horas extras superando el millón y medio de euros.

· Desde el 1 de enero próximo la asamblea del SCIS se reducirá a seis miembros, sin ningún representante del PP

30 de octubre de 2019 La caótica gestión socialista en el Consorcio de Bomberos de Ciudad Real, entidad adscrita a la Diputación Provincial, quedó de nuevo acreditada en la Asamblea celebrada el pasado martes.

Esta situación sólo puede solucionarse con la vuelta a la negociación y al acuerdo. En este sentido, el Partido Popular está planteando una mesa de negociación para aportar soluciones consensuadas a los graves problemas de gestión del servicio de prevención y extinción de incendios.

La única buena noticia es que la presión realizada por el Partido Popular y los ayuntamientos que gestiona este partido dio resultado y la Diputación ha dado su brazo a torcer y asumirá su obligación legal de prestar el servicio de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ello supondrá un ahorro para los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes de un millón seiscientos mil euros.

La batalla iniciada hace cuatro años por el Partido Popular y que supuso una reducción inicial del 50% de las cuotas pagadas por estos ayuntamientos, ha finalizado con la exención total de las mismas.

Sin embargo, preocupa extraordinariamente a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que la pésima gestión en materia de personal por parte de la dirección socialista lleve al consorcio a la ilegalidad permanente. Las vacantes sin cubrir, los trabajadores indefinidos despedidos en lugar de ser utilizados para cubrir las vacantes, la nula planificación de la plantilla, nos ha llevado a que se superen todos los límites en el pago de horas extras alcanzándose el millón y medio de euros destinados a este fin.

De auténtico escándalo han calificado los representantes del Parque de Bomberos de Ciudad Real y del sindicato CSIF esta circunstancia. En concreto, la normativa legal prohíbe que un trabajador realice más de 70 horas extras al año y, sin embargo, en el SCIS y autorizado por el Presidente, numerosos bomberos han superado las 220 horas.

Debe destacarse que un juzgado ha declarado, en relación a las plazas vacantes y a los bomberos interinos despedidos, que “La asignación de las plazas en cuestión no significa que los bomberos afectados por la incorporación de las personas que han superado el proceso de selección no puedan integrarse en otras plazas que pudieran quedar vacantes o que se pudieran crear”, ésta es la vía más rápida y correcta para cubrir las vacantes y reducir las horas extra, sin perjuicio de que se convoque una oferta pública de empleo para el resto de plazas vacantes.

A todo ello se suma: que el Consorcio se encuentra sin seguro de accidente, hecho insólito que denota una enorme irresponsabilidad, la decisión de suspender este derecho de los trabajadores ha sido adoptado por el Presidente; que el centro de formación de los bomberos situado en Puertollano y que era referencia nacional, ha sido abandono por el SCIS; y que las inversiones para renovar unas instalaciones y unos medios materiales obsoletos se reducen en los presupuestos a 200 mil euros, cuando el Consorcio tiene un remanente de tesorería de 9 millones sin utilizar y que pueden destinarse legalmente a inversiones financieramente sostenibles.

La dirección socialista ha dado un paso más en la intención de silenciar a los ayuntamientos del Partido Popular culminando la aprobación irregular de los nuevos estatutos. Lo que les ha llevado a presentar en los juzgados una demanda de protección de los derechos fundamentales.

A partir de enero del próximo año los ayuntamientos con representación en el Consorcio se reducirán a 5, más la Diputación y ninguno de ellos será del Partido Popular.

Con la entrada en vigor del nuevo presupuesto tendrán que salir de la asamblea del SCIS, máximo órgano de gobierno del Consorcio, los siguientes ayuntamientos: Almadén, Daimiel, Manzanares y Villanueva de los Infantes. Se acredita con este dato que la modificación de los estatutos no era para cumplir con la legalidad sino para silenciar a los ayuntamientos que denunciaban la mala gestión en el Consorcio de Bomberos.

Una muy mala noticia para los ciudadanos que reciben la prestación de este servicio básico y que se quedan sin posibilidad de que se ejerza en su nombre el control sobre la gestión en materia de prevención y extinción de incendios.