El texto ha sido presentado esta misma mañana en el registro de las Cortes regionales

· El presidente del PP-CLM recuerda que hace 10 días se comprometió a tener lista esta Ley que hoy ha sido registrada en el Parlamento autonómico

· Incide en que el objetivo es que, con el texto del PP y el texto del Gobierno, se llegue a una Ley común que sea consensuada con la sociedad civil implicada en la lucha contra la ocupación

· Celebra que el PP-CLM haya conseguido poner en la agenda política del Gobierno de Page un asunto tan importante como este

21. septiembre. 2020. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este martes en las Cortes de Castilla-La Mancha su Proposición de Ley Orgánica para la Prevención y Evitación de la Ocupación Ilegal, y la Garantía de los Derechos de las Personas a la Propiedad Privada y a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia Vecinal.

Así lo ha señalado Núñez en declaraciones a los medios este martes en Guadalajara, donde ha visitado la Fundación NIPACE, donde ha incidido en que ayer el equipo liderado por la vicesecretaria regional de Acción Social, Silvia Valmaña, terminó de redactar este texto para combatir un problema que afecta especialmente a provincias como Toledo o Guadalajara.

El jefe de la oposición regional ha recordado que hace 15 días ofreció al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, un acuerdo para que el Parlamento autonómico contara con una legislación que pudiera combatir la ocupación ilegal en la Comunidad Autónoma y que esa proposición “que se pudiera hacer de forma conjunta” llegase al seno del Consejo de Ministros.

Núñez ha incidido en que el PP-CLM ha cumplido “con la palabra dada a los castellano-manchegos”, ya que hace unos diez días en una comparecencia pública en El Casar (Guadalajara), el propio líder de los ‘populares’ avanzó que “nos pondríamos en

marcha para redactar una Ley para combatir la ocupación y en escasos 10 días lo hemos hecho y ya está en el registro de las Cortes”.

Igualmente, el presidente del PP-CLM ha asegurado que le parece “fantástico” que el Gobierno regional haya redactado también una Proposición de Ley sobre este asunto, aunque ha lamentado no conocer si esta partía del PSOE o del propio Ejecutivo, pero ha reiterado que con ambos textos “seremos capaces de enriquecer y hacer un texto mejor”, ya que no supone “un problema” que haya un texto por parte de la Junta.

Por ello, el objetivo de los ‘populares’ es coger el texto del PP-CLM y el texto del Gobierno para hacer un texto conjunto “mucho más rico”, ya que Núñez es un firme defensor “del consenso, de la suma y de la colaboración”.

Núñez también ha valorado positivamente que el PP de Castilla-La Mancha haya conseguido poner en la agenda política del Gobierno de Page algo tan importante como el problema de la ocupación ilegal, ya que el Ejecutivo autonómico no tenía previsiones para legislar sobre este asunto en el actual periodo de sesiones del Parlamento regional.

El jefe de la oposición en Castilla-La Mancha ha celebrado que hoy ya existe un texto legal en las Cortes regionales, el del PP-CLM, por lo que ya hay “una base para trabajar y consensuar”.

Núñez ha anunciado que con el texto del PP-CLM, además de con el del Gobierno, se iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los principales colectivos de la sociedad civil, como los colegios de abogados o los registradores, que son los que tienen un trabajo “vinculante” para combatir este problema, con el objetivo de que puedan enriquecer el texto, que ahora “es muy jurídico”, ya que en su redacción han participado expertos de la UCLM, la URJC y la Universidad de Alcalá, para que estos sectores puedan darle una “parte práctica”.

Por último, el líder de los ‘populares’ ha destacado que algunas de las cuestiones que incluye esta Ley son la modificación de la Ley de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil o la Ley de Enjuiciamiento Civil, para conseguir el endurecimiento de las penas privativas de libertad de 6 meses a 3 años; la capacidad de solicitar la recuperación inmediata de la vivienda cuando se demuestre la propiedad de la misma o cuando haya un menor que pueda quedarse sin vivienda, cuando la administración tendrá que conseguir un recurso habitacional para el menor. También, declarar nulos de pleno derecho los empadronamientos en los ayuntamientos para que no se pueda argumentar el empadronamiento en una vivienda ocupada.