El Senador del PP y miembro de la Comisión de Educación del Senado, Ramón Rodríguez, denuncia que el Gobierno ha utilizado la educación de nuestros hijos como moneda de cambio para garantizar la gobernabilidad de Sánchez e Iglesias

· El senador del PP y miembro de la Comisión de Educación del Senado advierte que la Ley Celáa no es un simple ley de educación, sino un pago por los servicios prestados a Podemos, nacionalistas e independentistas

· Denuncia que la Ley Celáa es un ataque al diálogo, al consenso, a la convivencia entre centros públicos y concertados, a la libertad de enseñanza y de elección, a la libertad religiosa, a la educación concertada y la educación especial, a la enseñanza de calidad, a la pluralidad y al esfuerzo y al mérito

· Advierte que este pago no es gratuíto y recoge las peticiones de sus socios: estatalizar la educación, suprimir el castellano y acabar con la libertad de elección de las familias, la enseñanza concertada y la educación especial

· Anuncia que el PP va a apoyar las movilizaciones en la calle, recogida de firmas y recurso ante el Tribunal Constitucional

· Apela a la comunidad educativa, a la sociedad, a los votantes del PSOE que no están de acuerdo y a los diputados y senadores socialistas de CLM que digan un no rotundo a la Ley Celáa

17 de noviembre de 2020.- El senador del PP por Albacete, Ramón Rodríguez ha afirmado hoy que “La Ley Celáa es un pago de Sánchez a Podemos, independentistas y nacionalistas por su apoyo a los PGE y para mantener un gobierno estable y poder gobernar toda la legislatura”

En rueda de prensa en Ciudad Real, donde ha estado acompañado por el presidente provincial y senador Paco Cañizares, el también miembro de la Comisión de Educación del Senado ha manifestado que por ello, “la Ley Celáa no es una simple ley educativa , sino un pago por los servicios prestados que se demuestra con las líneas básicas que incluye la ley fruto de los acuerdos adoptados por PSOE, Podemos, nacionalistas e independentistas, porque este apoyo no es gratuito”.

Así , según Ramón Rodríguez, “ la educación de nuestros hijos se ha utilizado como moneda de cambio para garantizar la gobernabilidad de Sánchez e Iglesias y el primer acuerdo que toman es no dar cuentas a nadie para su redacción de forma que se redacta únicamente por políticos y sin dejar entrar a nadie “.

El segundo acuerdo, ha explicado el senador , es que la ley debe contener las líneas básicas de los tres socios, y que en el caso de Podemos, exige estatalizar la educación, que la educación la debe controlar el Estado , avanzar hacia una escuela única, sin opciones de elección y con una ideología determinada.

Por su parte los nacionalistas e independentistas pretenden dar pasos hacia su desconexión con el Estado y acercarse un poco más a la indepencia, exigiendo 4 medidas innegociables: suprimir el castellano, poder decidir el mayor porcentaje de contenidos, elegir los inspectores a dedo y que la prueba de la EBAU sea diferente en cada autonomía.

Y el PSOE, tiene dos objetivos principales: promoción, que significa no repetir curso y pasar con suspensos e inclusión, que desaparezcan los centros de educación especial y los alumnos se integren en colegios ordinarios.

Por todo ello, el senador del PP ha asegurado que “la Ley Celáa es un ataque al diálogo y al consenso, a la convivencia entre centros públicos y concertados, a la libertad de enseñanza y de elección, a la libertad religiosa, a la educación concertada, a la educación especial, a la pluralidad, a la enseñanza de calidad, al esfuerzo y el mérito, al profesorado, al castellano como lengua oficial de nuestro país y a la igualdad de oportunidades”.

Ramón Rodríguez ha apelado “a la comunidad educativa, a la sociedad civil, a los votantes del PSOE que no están de acuerdo con este ley, a los diputados y senadores socialistas de CLM , a que alcen la voz y digan un no rotundo a esta Ley Celáa”.

El senador y miembro del PP en la Comisión de Educación del Senado ha asegurado que “el Partido Popular va a luchar para que no salga adelante esta ley recurriendo al Tribunal Constitucional y apoyando todas las manifestaciones y recogidas de firmas, porque es una ley anticonstitucional , que vulnera los derechos de las familias, pero que vulnera especialmente a los alumnos que tienen derecho a una educación de calidad”.