Se celebrará pleno extraordinario no convocado por el presidente y mutilado en los asuntos a tratar
• Supone un escándalo que el presidente no quiera convocar pleno y es la primera vez que ocurre en la Diputación
23. febrero. 2011.- El viceportavoz popular en la Diputación provincial, Vicente Gallego, denunció la actitud partidista sectaria y antidemocrática del PSOE en la Diputación ante la actitud mostrada en la convocatoria del pleno extraordinario solicitado por el grupo popular. Un pleno extraordinario que Gallego indicó “nace mutilado porque no se aborda uno de los temas solicitados por el PP”.
• Supone un escándalo que el presidente no quiera convocar pleno y es la primera vez que ocurre en la Diputación
23. febrero. 2011.- El viceportavoz popular en la Diputación provincial, Vicente Gallego, denunció la actitud partidista sectaria y antidemocrática del PSOE en la Diputación ante la actitud mostrada en la convocatoria del pleno extraordinario solicitado por el grupo popular. Un pleno extraordinario que Gallego indicó “nace mutilado porque no se aborda uno de los temas solicitados por el PP”.
Gallego explicó que el PP solicitó se tratara en pleno extraordinario el
tema de la supresión del Forcol y las sentencias negativas contra
diputación en el nombramiento de secretaria general de la institución,
Para lo que el presidente dispone de 15 días, según marca la Ley.
Gallego indica que un día antes de finalizar el plazo el grupo popular
recibe un decreto de presidencia indicando que deniega el debate sobre
Forcol y sobre el segundo punto piden que se incluya en pleno ordinario.
Para no incluir el punto del Forcol se argumenta informe de la secretaria general, algo que Gallego indica es una visión parcial del informe ya que en el se dice que no se niega a ser tratado y no supone invasión de competencias sobre la Junta de Comunidades, reconociendo que los acuerdos adoptados en este asunto no sería nulos. Gallego afirmó que el punto del Forcol debería haberse incluido y afirmó que “el presidente de la diputación antepone los intereses partidistas de su grupo y de Barreda a los intereses legítimos que tiene que defender que son los intereses de los Ayuntamientos”. Gallego recordó que una de las competencias de la Diputación es coordinación entre las administraciones locales y la regional y el Estado, por lo que este punto debería debatirse como ya ocurrió en la Diputación de Guadalajara. Gallego citó como ejemplos los debates realizados sobre la problemáticas del campamento saharaui en su día.
Gallego matizó que “ si la Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos debe de tratarse este asunto porque es interés claro de los ayuntamientos y rechazamos totalmente la decisión partidista del grupo socialista de la Diputación de no incluirlo en pleno”.
Gallego calificó como un insulto la petición de incluir el segundo punto en pleno ordinario, ya que insulta los derechos del Grupo Popular, al que la Ley reconoce el deber de fiscalizar los órganos de gobierno de la Diputación. Indicó Gallego que es un escándalo político lo sucedido ya que es la primera vez que el presidente de la diputación no quiere convocar un pleno y tampoco ha querido dialogar con el grupo popular sobre el asunto.
El popular afirmó que “el grupo popular íntegramente renuncia al cobro que corresponde a los diputados por la asistencia al pleno”. En este pleno indicó Gallego, el grupo popular exigirá responsabilidades políticas por los nombramientos de la secretaría general y pedirá la comparecencia del presidente de la diputación y del diputado de personal para que den explicaciones de las acusaciones de desviación de poder y las arbitrariedades que conlleva.
Este asunto fue calificado como tema grave “el más grave de los últimos 15 o 20 años y tendrán que dar cuenta de ello”, Gallego matiza que se deben dar explicaciones sobre estas sentencias y se deben depurar responsabilidades políticas.
Para no incluir el punto del Forcol se argumenta informe de la secretaria general, algo que Gallego indica es una visión parcial del informe ya que en el se dice que no se niega a ser tratado y no supone invasión de competencias sobre la Junta de Comunidades, reconociendo que los acuerdos adoptados en este asunto no sería nulos. Gallego afirmó que el punto del Forcol debería haberse incluido y afirmó que “el presidente de la diputación antepone los intereses partidistas de su grupo y de Barreda a los intereses legítimos que tiene que defender que son los intereses de los Ayuntamientos”. Gallego recordó que una de las competencias de la Diputación es coordinación entre las administraciones locales y la regional y el Estado, por lo que este punto debería debatirse como ya ocurrió en la Diputación de Guadalajara. Gallego citó como ejemplos los debates realizados sobre la problemáticas del campamento saharaui en su día.
Gallego matizó que “ si la Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos debe de tratarse este asunto porque es interés claro de los ayuntamientos y rechazamos totalmente la decisión partidista del grupo socialista de la Diputación de no incluirlo en pleno”.
Gallego calificó como un insulto la petición de incluir el segundo punto en pleno ordinario, ya que insulta los derechos del Grupo Popular, al que la Ley reconoce el deber de fiscalizar los órganos de gobierno de la Diputación. Indicó Gallego que es un escándalo político lo sucedido ya que es la primera vez que el presidente de la diputación no quiere convocar un pleno y tampoco ha querido dialogar con el grupo popular sobre el asunto.
El popular afirmó que “el grupo popular íntegramente renuncia al cobro que corresponde a los diputados por la asistencia al pleno”. En este pleno indicó Gallego, el grupo popular exigirá responsabilidades políticas por los nombramientos de la secretaría general y pedirá la comparecencia del presidente de la diputación y del diputado de personal para que den explicaciones de las acusaciones de desviación de poder y las arbitrariedades que conlleva.
Este asunto fue calificado como tema grave “el más grave de los últimos 15 o 20 años y tendrán que dar cuenta de ello”, Gallego matiza que se deben dar explicaciones sobre estas sentencias y se deben depurar responsabilidades políticas.
