En el pleno de la Diputación provincial celebrado hoy

· Las preguntas del Grupo Popular se centraron fundamentalmente en amparar los intereses de los funcionarios

Ciudad Real, 30 junio 2017.- El Grupo Popular de la Diputación ha vuelto a hacer una defensa de los trabajadores de la Diputación y sus condiciones laborales, en el pleno ordinario celebrado hoy.

Así se ha puesto de manifiesto en las preguntas que los diputados populares han realizado al equipo de gobierno y que afectan a diversos servicios de la institución provincial.

La diputada Rocío Zarco se ha interesado por trabajadores del Psiquiátrico y Puericultura que en su día demandaron por vía judicial cobrar el dinero justo por el servicio que prestan, ya que siendo Grupo C hacen labores de Grupo B, aunque las prestaciones que cobran son de Grupo C. El juez les da la razón y afirma que deben cobrar como Grupo B. Ante esta situación la Diputación se plantea recurrir la sentencia. La diputada popular pregunta por qué no se recurrió la sentencia del SCIS.

A este respecto el diputado Carlos Marín de la Leona, un pleno más, ha preguntado por el asunto de los bomberos que mantiene en vilo a 38 familias preguntando por qué no se recurrió la sentencia. De la Leona pidió más diálogo entre el equipo de gobierno y la oposición, ya que hay muchas familias afectadas por este asunto, y acuso al equipo de gobierno de actuar al dictado de un sindicato, sin importar las consecuencias.

Continuando con las preguntas relativas a la situación de los trabajadores, el diputado David Marín afirmó que la Diputación debe tener dos técnicos en Prevención de Riesgos Laborales y sólo tiene uno, a la vez que indicó que falta un médico, algo que indica una falta de previsión del equipo de gobierno puesto que se puede producir algún siniestro, con graves consecuencias. De igual

modo, Marín afirmó que los trabajadores que inician actividad laboral en la Diputación deben pasar una evaluación de riesgos, y no es el caso.

Por su parte Leopoldo Sierra conminó al presidente de la Diputación a que interceda ante la Junta de Comunidades para que pague los servicios conveniados que mantiene con los ayuntamientos, y de cuyas nóminas se está haciendo cargo los ayuntamientos, con el correspondiente perjuicio económico que conlleva. Pese a no ser competencia de los ayuntamiento, éstos pagan sus nóminas, puntualizó Sierra.

La Gestión del RSU y el conflicto que hay con algunos ayuntamientos y las obras del Plan de Empleo 2015 fueron temas por los que también preguntaros los diputados populares en el pleno.