Pleno ordinario del mes de mayo

25, mayo, 2018.- El Grupo Popular pone de manifiesto que las sentencias judiciales o se acatan o se recurren. Una vez más el presidente Caballero se niega a dar una explicación de los motivos que le llevaron a no recurrir la orden de ejecución de sentencia. Por otra parte tampoco responde a las preguntas sobre la elaboración de las bases de la oferta de empleo, la custodia de los exámenes ni a los criterios utilizados para determinar el nombre de los bomberos despedidos.

En la misma intervención, el diputado Carlos Martín de la Leona, preguntaba por qué a los opositores que han aprobado recientemente no se les había adjudicado las plazas vacantes existentes en la plantilla de bomberos, lo que hubiera evitado el despido de 37 personas y tampoco obtuvo respuesta alguna. Por último solicitó al presidente que se buscara una solución para estos trabajadores.

En el turno de preguntas el portavoz popular Adrián Fernández se interesó por la cantidad de dinero que cada ayuntamiento debe poner en los planes de Empleo de la Junta de Comunidades donde la consejera de Empleo anunció que la Junta pone el 53% y la Diputación el 47% restante, no poniendo dinero los ayuntamientos. Actualmente los ayuntamientos ponen dinero por cada trabajador que participa en los planes de empleo, que en el caso de Malagón alcanza más de 1.600 euros por trabajador.

El viceportavoz David Marín se interesó por el Plan de Caminos, que inicialmente se pondría en marcha en enero de este año y aún no hay nada iniciado, señalando que las inclemencias del tiempo están deteriorando su estado por lo que es necesario se acometa lo antes posible su arreglo.

Igualmente el Grupo Popular se interesó por el estado de las carreteras de titularidad de la Diputación en los términos municipales de Torralba, San Lorenzo y Arenales de San Gregorio, que presentan diversas irregularidades.

SE REDUCEN LAS POSIBILIDADES DE GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

El portavoz popular Adrián Fernández señaló que el equipo de gobierno de la Diputación ha reducido la posibilidad que los ayuntamientos tenían para gastar, al reducir los conceptos para gastos, por parte de la Diputación. Adrián Fernández indicó que esta reducción influye en las necesidades de los ayuntamientos a la hora de invertir el dinero, y matizó que se alcanzó un acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de España para poder gastar el dinero en diferentes conceptos, que ahora se han visto recortados.

Adrián Fernández indicó en su intervención que algunos ayuntamientos ya han mostrado su malestar por esta situación, que impide a los consistorios invertir en determinadas partidas que consideran necesarias para el buen funcionamiento de sus servicios municipales y por tanto de sus municipios.