Desde hace dos años, y a consecuencia de las desastrosas políticas hidráulicas aplicadas por los gobiernos socialistas, Bruselas tiene marcada en rojo a España. Y es que lo que se ha hecho en nuestro país en materia de agua constituye la mayor metedura de pata y un claro ejemplo de lo que nunca debería hacerse.

Nuestros vecinos europeos lo saben y ahora pretenden castigar a España por esta mala gestión y nuestra falta de previsión. Tanto es así, que es muy seguro que los españoles tengamos que pagar una multa de 50 millones de euros, una cifra nada desdeñable a la que vamos a tener que hacer frente por esa conducta irresponsable y derrochadora que caracteriza a los gobiernos socialistas y que también aplicaron a un tema tan serio e importante como es el agua.

Sin duda, esa más que probable multa supondrá un nuevo mazazo a la economía española que podría haberse evitado, pero también refleja la nefasta gestión de nuestros gobernantes en los últimos años que, lejos de apostar por una política hidráulica responsable y por un Plan Hidrológico Nacional serio y riguroso, decidieron ponerse del lado del despilfarro y llevar a cabo millonarias inversiones en la construcción de desaladoras que no han servido para nada y que incluso no se han finalizado.

Esa mala gestión en el tema del agua, el enorme gasto realizado, la falta de previsión y el hecho de que aún haya 39 ciudades sin depuradoras a pesar de la elevadísima inversión realizada, han hecho que Bruselas haya puesto en el punto de mira a España y que no esté nada satisfecha con lo que se ha hecho en nuestro país.

Pero es que no sólo la Unión Europea está poniendo ‘peros’ a la gestión de las políticas hidráulicas en España, también aquí somos conscientes del resultado de esas fraudulentas políticas que lo único que consiguieron fue la derogación de un Plan Hidrológico Nacional cuya principal infraestructura era el Trasvase del Ebro, una infraestructura que hubiera ayudado a levantar las hipotecas que tenemos los castellano-manchegos con el trasvase Tajo-Segura, aparte de proporcionar recursos con mejoras de cuencas y depuradoras de agua. Tras esa derogación, el gobierno socialista paralizó proyectos iniciados, como el trasvase Júcar-Vinalopó, cuyo trazado fue rediseñado por la ministra Cristina Narbona cuando estaba a medio hacer provocando que la inversión se disparase hasta los 320 millones de euros, ese encarecimiento de la infraestructura triplicará el coste del agua para los usuarios.

Es uno de los ‘frutos’ de ese plan, denominado AGUA que fue aprobado por Zapatero en 2004, que también nos dejó desaladoras a medio construir o funcionando bajo mínimos debido al enorme coste que supone desalar el agua del mar.

Y todo esto teniendo en cuenta que en España hay agua suficiente, lo único que hay que hacer es saber gestionarla y llevarla de donde sobra hasta donde falta. Por eso, las comunidades de regantes están instando al gobierno a que paralice las desaladoras en construcción y que ese dinero se utilice en obras hidráulicas más eficientes.

Es urgente en España poner de acuerdo a las cuencas hidrográficas, los partidos políticos, y las autonomías para hacer un pacto del agua y zanjar, de una vez, las guerras regionales y la utilización política del agua que ha hecho el PSOE, que nos ha llevado al caos actual.

Ya llegamos tarde, porque las obras hidrológicas no se improvisan de la noche a la mañana y porque hemos perdido los últimos años malgastando múltiples recursos. Pero, más vale tarde que nunca, por la cuenta que nos trae a todos.

Ángel Exojo Sánchez-Cruzado

Viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Ciudad Real