Desde el 8 mayo de 1983, fecha de las primeras elecciones autonómicas en la mayoría de Comunidades de España, el cargo del Presidente del ejecutivo autonómico se ha ido revalorizando paulatinamente hasta conseguir situarse a la cabeza de la importancia efectiva, junto con la Presidencia del Gobierno, de todo el sistema de cargos públicos definido por la Constitución. El motivo es bien sencillo, ya que el invento autonómico, pretendido en principio para territorios muy concretos denominados “históricos”, ha pasado a generalizarse, convirtiendo a España en la práctica, en una suerte de Estado Federal. Los presidentes autonómicos deciden sobre las más importantes cuestiones de nuestra vida y nuestros derechos, después de sucesivos incrementos competenciales desde el Estado, y responden de la administración de la mayor parte de caudales públicos no finalistas.